Desde el 3 de enero de 2026, Venezuela ha sido testigo de un caos orquestado por años de represión: ataques externos, la detención del dictador maduro y liberaciones parciales que no ocultan la realidad de cientos de presos políticos languideciendo en centros de tortura como El Helicoide. Mientras familias acampan en vigilias nocturnas, esperando noticias de sus seres queridos, el régimen ha excarcelado apenas a un puñado, pero más de 1000 inocentes siguen tras rejas, sufriendo detenciones arbitrarias, torturas y hasta muertes en custodia, como la de Edison Torres Fernández. Este psicoterror no es nuevo, pero el silencio cómplice de instituciones internacionales lo perpetúa: la ONU, que ha documentado crímenes de lesa humanidad desde 2018, se limita a informes estancados sin acciones concretas, permitiendo que la impunidad reine en un país destrozado por la dictadura.
La Corte Penal Internacional (CPI), con su investigación abierta por ejecuciones, secuestros y violaciones, permanece en un letargo inexplicable, estancada desde 2023 pese a las evidencias abrumadoras, como si el sufrimiento venezolano no mereciera órdenes de arresto inmediatas. Y qué decir de la izquierda asesina, esa hipócrita alianza de figuras y gobiernos que han defendido o ignorado al chavismo por ideología, callando ante la persecución política mientras miles emigran o mueren. Su complicidad no es pasiva; es criminal, alimentando un régimen que ha convertido a Venezuela en un cementerio de libertades desde inicios de enero. Basta de excusas: el mundo debe actuar ya, o será partícipe de esta barbarie.
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